05 - 1898 los puertorriqueños recibieron dos de los muchos mensajes contradictorios que desde entonces han recibido en su relación colonial con  los Estados Unidos. En la mañana del 12 de mayo de 1898 once buques de guerra estadounidenses bombardearon durante tres horas la ciudad de San Juan, matando a cuatro civiles y dos militares, dejando además un saldo de cincuenta heridos, de los cuales diez y seis eran de la población civil.

A su llegada junto a las fuerzas invasoras norteamericanas, en julio de ese mismo año, el general Nelson Appleton Miles emitió una proclama que anunciaba la llegada de una nueva soberanía a la isla que le brindaría a Puerto Rico los beneficios y la prosperidad que acompañan la libertad.

"In the prosecution of the war against the Kingdom of Spain by the people of the United States, in the cause of liberty, justice and humanity, its military forces have come to occupy the island of Porto Rico. They bring you the fostering arm of a nation of free people, whose greater power is in its justice and humanity to all those living within its folds. . . .

The chief object of the American Military forces will be to overthrow the armed authority of Spain and to give to the people of your beautiful island the largest measure of liberty consistent with this military occupation. We have not come to make war upon the people of a country that for centuries has been oppressed, but on the contrary, to bring you protection, not only to yourselves but to your property, to promote your prosperity and bestow upon you the immunities and blessings of the liberal institutions of our Government. . . . This is not a war of devastation, but one to give to all within the control of its military and naval forces the advantages and blessings of enlightened civilization."

En un lapso de tiempo de dos meses y medio, el sonido de los cañones contra la población civil fue silenciado por una proclama grandielocuente que predicaba las bondades que conllevaba la protección de los Estados Unidos y la consecuente llegada de libertades nunca antes vistas en Puerto Rico durante el reino español. Pero de la retórica al hecho muchas veces existe un gran abismo, y la Proclama de Miles probó no ser la excepción.

Este trabajo pretende explorar el debate público que surgió en Puerto Rico y en los Estados Unidos luego de la Guerra Hispanoamericana en torno al futuro político de la isla, visto principalmente a través de los artículos y editoriales de dos periódicos puertorriqueños importantes publicados entre la invasión estadounidense en julio de 1898 y la imposición de la Ley Foraker en mayo de 1900.

El debate en torno al futuro político de la isla en los periódicos El País (diario del Partido Republicano) y La Democracia (diario del Partido Federal) es muy similar y existe consenso de opinión en ambos periódicos durante la dictadura militar entre 1898 y 1900. En ambos se expresa una honda confianza en las instituciones democráticas de Estados Unidos y una fe enérgica en que la nueva soberanía le concederá el derecho a los puertorriqueños para expresarse sobre sus deseos de anexarse a la nación estadounidense.

A pesar de que el debate público y gubernamental que estaba ocurriendo en los Estados Unidos presentaba un cuadro lleno de puntos de vistas contradictorios sobre qué tipo de gobierno se le concedería a Puerto Rico, los puertorriqueños confiaban que finalmente se les concedería un sitema de gobierno mucho más digno y democrático que durante el reino español en la isla. Ya el 2 de noviembre de 1898 aparece el siguiente comentario editorial en el periódico La Democracia que demuestra elocuentemente cuán confiados estaban algunos puertorriqueños de las bendiciones de la Constitución estadounidense y su sistema de gobierno democrático que repercutiría en la concesión de un sistema de gobierno digno para Puerto Rico:

"De Washington nadie debe esperar una sorpresa triste. La Constitución de Estados Unidos no se desvirtúa después de la victoria. Será democrática y liberal en la metrópolis como en la colonia. Confiamos en la Gran República. El poder militar que surge hoy en Puerto Rico, absorvente y supremo, no por un capricho arbitrario, sino por imposición constitucional. Los territorios adquiridos por la Unión Americana sin que ninguno se exceptúe, obedecen a los delegados militares del presidente. Nuestro territorio sufre la ley de la necesidad. Dentro de pocos meses las Cámaras Nacionales legislarán con justicia. Ahora todo es transitorio y luego vendrán ‘las vindicaciones del derecho'. Se nos observa y estudia, sepamos demostrara nuestros nuevos compatriotas nuestro verdadero carácter.

Que no se nos confunda con las bandas de incendiarios que destruyen nuestra propiedad, que conspiran contra nuestra tierra y que reprobamos en La Democracia." Este editorial que apareció en el periódico de Luis Muñoz Rivera luego de cerca de 4 meses de no circular el diario luego de la invasión en el mes de julio, pone de manifiesto que una gran colectividad en Puerto Rico estaba convencida de que los Estados Unidos estaban próximos a legislar para hacerle justicia a Puerto Rico, brindándole una forma de gobierno no-colonial.

De hecho, la legislación esperada llegó, con el nombre de la Ley Foraker, en mayo de 1900, luego de un año y diez meses de régimen militar en la isla. El mismo periódico que en noviembre de 1898 anunciaba la inminencia de una legislación que le brindara a los puertorriqueños un sistema de gobierno democrático, el 30 de abril de 1900 denuncia energéticamente a la Ley Foraker, publicando una carta del delegado republicano Dr. Julio Henna:

"Los delegados puertorriqueños, unánimes en sus justas demandas al Gobierno metropolitano (estadounidense), elocuente y dignamente han planteado la honrosa causa que los trajo a Washington. Sus testimonios ante los Comités del Senado y las Cámaras de Representantes, forman una legión de razones poderosas e incuestionables, que debieron convencer a los legisladores, como convencieron al pueblo, prensa y púlpito de los Estados Unidos, que el cumplimiento de las sagradas promesas hechas por el General Miles a los puertorriqueños, no tan sólo era un acto de justicia, sino necesario para mantener la inmaculada reputación de los Estados Unidos, ante el mundo entero. La Legislatura Nacional ha preferido repudiar la deuda contraída con los habitantes de Puerto Rico y en vez de las ‘inmunidades' y bendiciones de los Estados Unidos, ha decretado para nuestra patria una forma de gobierno tan infame en principio como inmoral en detalles que despoja a los hijos del país de aquellos derechos civiles, personales y políticos, por los que los patriotas de Bunker Hill prefirieron resistir con las armas en las manos, antes que someterse a semejante injusticia. Con la soberanía española los puertorriqueños eran españoles y como tales, tenían derechos en el mundo entero.Con la soberanía americana, los puertorriqueños son simplemente objetos indefinidos. La bandera que ostenciblemente vuela en la isla, no es el símbolode la Libertad, Igualdad y Fraternidad, como lo es en los Estados Unidos. Para el puertorriqueño ella es símbolo de opresión, de coloniaje".

¿Qué había ocurrido entre noviembre de 1898 y mayo de 1900? ¿Qué tipo de gobierno le impuso los Estados Unidos a Puerto Rico con la Ley Foraker? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a darle a Puerto Rico el "self-government" que se le extendía a los territorios incorporados? Estas son preguntas importantísimas para comprender por qué un mismo periódico había dado un giro tan trascendental en torno a su opinión sobre las intenciones de Estados Unidos en Puerto Rico.

Las palabras del Dr. Henna reflejan que se esperaba algo muy diferente a lo que dispuso la Ley Foraker. De la investigación periodistica de los diarios La Democracia y El País, ambos publicaciones que simpatizaban abiertamente con la incorporación de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos, se puede notar que había un idea generalizada de que la Constitución de Estados Unidos y la tradición democrática de este país, protegería a los intereses de los puertorriqueños frente a cualquier intento de convertir a la isla en una colonia. Por esto la Ley Foraker sorprendió tanto a los puertorriqueños que confiaban en las instituciones democráticas de Estados Unidos.

¿Qué dispuso la ley Foraker? Con esta ley el Congreso de los Estados Unidos decretó que el Presidente y la legislatura de los Estados Unidos tendría poderes plenarios sobre Puerto Rico. El Presidente, con la aprobación del Senado, nombraría el gobernador de Puerto Rico, y lo podría remover a su discreción. El Presidente también nombraría seis asesores al Gobernador, que junto a cinco puertorriqueños formarían el Consejo Ejecutivo. Este funcionaría como una cámara alta. Además existiría una Casa de Delegados, compuesta por treinta y cinco miembros elegidos por un término de dos años. El Consejo Ejecutivo o el Gobernador tenían a su disposición la prerrogativa de suspender el derecho del voto masuculino si así lo deseaban, en favor de darle el derecho al voto a sólo los puertorriqueños alfabetizados y/o propietarios. El Gobernador también tendría a su disposición los nombramientos de los jueces. Además, los puertorriqueños elegirían un Comisionado Residente para que representara a la isla ante el Presidente. Los puertorriqueños no serían ciudadanos estadounidenses, sino que pasarían a ser ciudadanos de Puerto Rico, y el "Bill of Rights" y el resto de la Constitución de Estados Unidos no aplicaría para los puertorriqueños y, por lo tanto, no existirían para ellos las garantías de los derechos civiles.

Puerto Rico perdió el gobierno propio que había ostentado durante el último año de soberanía española. Perdió su ciudadanía de igual, a igual con la metrópolis, como también la representación en las Cortes de España. Durante el siglo XIX los puertorriqueños habían gozado, durante la soberanía española, de periodos de garantías constitucionales, ostentando la representación y derecho a voto ante las Cortes españolas.

Con la Ley Foraker, sólo tendría derecho a un delegado sin voto en Washington, D.C.. Los puertorriqueños ya no estarían protegidos por una constitución, su gobierno estaría en manos del Presidente y la legislatura estadounidense. Mas importante aún, los puertorriqueños perdieron un sistema de gobierno autonómico y democrático, pues la Carta Autonómica sólo podría ser enmendada con el consentimiento expreso de los puertorriqueños. En síntesis, mientras la Carta Autonómica le concedía amplios poderes de autobierno a Puerto Rico, la Ley Foraker significó la eliminación de esa autonomía en favor de un sistema donde la mayoría de los poderes los ejercía el Congreso y Presidente de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos prevalecía luego de la Guerra Hispanoamericana un pensamiento de carácter imperialista que justificaba la adquisición militar de territorios sin que se le concediera a sus pueblos, por ser "distintos", el derecho a gobernarse. Mientras tanto, en Puerto Rico, importantes sectores celebraban el cambio de soberanía pues asumieron que la nueva metrópolis les concedería las mismas prerrogativas que tenían los territorios y estados de la Unión. Estos sectores, según la prensa examinada para este trabajo, se mantenían aparentemente ajenos al discurso que cobraba fuerza en los círculos del poder político estadounidenses y que en definitiva desembocó en la aprobación de un estatuto colonial tal como la Ley Foraker. Si los líderes puertorriqueños que escribían en la prensa de la época estaban conscientes de la dialéctica imperialista que se estaba gestando en las esferas de poder en los Estados Unidos, no lo reflejan en sus editoriales.

Prueba de ellos son los editoriales de los periódicos anexionistas La Democracia y El País donde se expresa la opinión de que Estados Unidos sentirá la obligación moral de extenderle la estadidad a Puerto Rico sin discriminar por razón de raza, idioma, o lugar. El 23 de marzo de 1900, en vísperas de la aprobación de la ley Foraker, aparece el siguiente editorial en el periódico El País:

"Nuestro Derecho, ¿Cuándo? Dice la Constitución en su artículo IV que se ‘admiten nuevos Estados previo consentimiento del Congreso y de la Legislatura del Estado de que se trate': como se ve, en este artículo, en esa disposición no se pone limitación alguna que se relacione con raza, idioma, religión ni lugar: todo se reduce a a lo que es muy natural que sea; esto es, que la legislatura del Estado solicitante concienta entrar en la federación, y que el Congreso de los Estados Unidos concienta en su ingreso: pero nosotros estamos incluídos en la federación por la voluntad impuesta del Congreso, pues no otra cosa se deduce del hecho de enviar su ejército para agregarnos a su Nación: y por el explícito consentimiento del pueblo puertorriqueño que, sin voto en contrario, consiente, y consiente con gusto, el nuevo dominio: ahora bien, aparte de qu ellos acontecimientos con lógica inflexible obligan al congreso a ponernos en condiciones de que ejerzamos constitucionalmente el derecho de pedir ante el Congreso, para lo cual ha de darnos clasificación de Territorio, promulgan necesariamente la Constutación, podemos decir: el Congreso, al consentir la ocupación de Puerto Rico como un hecho de la guerra que había declarado, claro está que tuvo algún pensamiento, algún fin mediado que necesitaba realizar: ¿Es creíble que ese fin no fuera otro que el de adquirir una propiedad para el Congreso donde ejercer la facultad discrecional que la Constitución le concede?- de ninguna manera: su fin tiene que ser necesariamente, promover el bien general, y afirmar los beneficios de la libertad; y este fin no se cumple negándole a Puerto Rico lo que de modo implícito le concedió en el momento de la ocupación, y de modo expreso en la proclama del general Miles que los puertorriqueños la entendemos como una palabra dada por el Congreso mismo: nunca podremos entender que las promesas de dicho general eran simplemente un ardid para conquistar el cariño del pueblo de Puerto Rico: nosotros no hemos sido simplemente cedidos; el ejército ocupó este territorio, y el hecho se hizo valer en el Tratado de París al dictar las condiciones; fuimos anexados primero por la fuerza en parte, y si no lo fue todo, se debe a la celebración de la paz; ¿es aceptable que nos hayan anexado por las fuerzas de las armas que nos envió el Congreso, para constituírnos simplemente en feudo del Congreso?- ¿Es justo que nos arrebaten una ciudadanía para no darnos ninguna? 

El autor de este editorial no puede haber estado completamente al margen de las corrientes racistas que operaban en Washington en oposición a la anexión de Puerto Rico en igualdad de condiciones, pero insiste en que la tradición democrática de la Unión prevalecerá en el Congreso. Su emplazamiento al Congreso de los Estados Unidos cayó en oídos sordos. Como ya sabemos, la Ley Foraker, firmada por el presidente McKinley apenas veinte días después de la publicación de este editorial, le arrebató a los puertorriqueños el autogobierno que habían conseguido durante la soberanía española. La supuesta armada liberadora acabó por colonizar al país en vez de entregarle las libertades prometidas.

Como bien expresó el Doctor Efrén Rivera Ramos en su reciente ponencia ante la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale,:

"The United States entered the twentieth century as a colonial power... the acquisition of new territories by the United States at the end of the nineteenth century opened up an intense dabate regarding the status of those territories and their populations within the American political system." 

Esta "splendid little war", como se le llamó en Estados Unidos a la Guerra Hispanoamericana, que culminó en la adquisición de varias islas y archipiélagos, no estuvo libre de problemas internos causados por las contradicciones que ello representaba para una nación fundada en el repudio al colonialismo inglés, y comprometida a luchar por la libertad. Para los Estados Unidos lo difícil no fue derrotar a España, lo más complicado resultó ser poder reconciliar su novel política imperialista con sus principios constitucionales de una nación fundada en las nociones de igualdad y libertad para todos aquellos cobijados bajo su bandera.

En los Estados Unidos de la postguerra existían varias fuerzas encontradas. En esta tensión se encontraba, de un lado, el interés expansionista iniciado desde la Doctrina Monroe de a principios de siglo XIX para consolidar el poder y la presencia de los Estados Unidos en el continente americano frente a las potencias europeas. Esta política expansionista norteamericana de paso se aseguraba la ampliación de los amplios mercados que exigía la incipiente concentración de grandes capitales industriales.

Del otro lado del debate algunos norteamericanos denunciaban que la política colonial de incorporar territorios sin concederle iguales derechos, entraba en abierta contradicción con los principios constitucionales de la Unión. La Constitución de Estados Unidos, afirmaban algunos estadounidenses, no contemplaba tal posibilidad. Estos defendían la teoría de que la Constitución seguía a la bandera.

La intensidad del debate se refleja en las altas esferas de la inteligencia norteamericana, entre profesores de sus universidades más prestigiosas. El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Yale, William Graham Sumner, atacó enérgicamente la política colonial estadounidense, equiparándola con el sistema colonial español. Dijo así en 1899:

"There are plenty of people in the United States today who regard Negroes as human beings, perhaps, but of a different order from white men, so that the ideas and social arrangements can not be applied to them with propriety. Others feel the same way about Indians... . The doctrine that all men are equal has come to stand as one of the corner-stones of the temple of justice and truth. It was set up as a bar to just this notion that we are so much better than others that it is liberty for them to be governed by us....

The Americans have been commited from the outset to the doctrine that all men are created equal.... It is an astonishing event that we have lived to see American arms carry this domestic dogma out where it must be tested in its application to uncivilized and half-civilized peoples. At the first touch of the test we throw the doctrine away and adopt the Spanish Doctrine. We are told by the imperialists that these people are not fit for liberty and self-government; that it is rebellion for them to resist our beneficence; that we must send fleets and armies to kill them if they do it; that we must devise a government and administer it ourselves; that we may buy them or sell them as we please, and dispose of their "trade" for own advantage. What is that but the policy of Spain to her dependencies?"

En abierta oposición a las ideas progresistas de Sumner, y en apoyo a la política colonial de la Administración de McKinley, el prominente profesor de derecho de la Universidad de Harvard, James Bradley Thayer, se manifestó de la siguiente manera:

"The childish literalness which has crept into our notions of these principles, as if all men, however savage and however unfit to govern themselves, where opressed whenever other people governed them; as if self-government were not often a curse; and as if the great nation does not often owe its people or some part of them as its chief duty that of governing them from the outside, instead of giving them immediate control of themselves."

La balanza que se inclinó en contra de extenderle a los puertorriqueños los plenos derechos constitucionales, tenía desde sus orígenes la potala de un profundo racismo que impedía incorporar a la Unión a personas vistas como entes diferentes, inferiores y carentes de civilización; como expresó el profesor Siemeon E. Baldwin de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale:

"Our Constitution was made by a civilized and educated people. It provides garantees of personal security which seem ill-adapted to the conditions of society that prevail in many parts of our new possessions. To give the half-civilized Moros of the Philippines, or the ignorant and lawless brigands that infest Puerto Rico... the benefit of such immunities from the sharp and sudden justice-or injustice- which they have been hitherto accostumed to expect, would, of course, be a serious obstacle to the maintenace there of an efficient government".

Esta visión racista y paternalista es la que prevaleció en la Ley Foraker, resultando ser una legislación que no reconocía a los puertorriqueños la madurez suficiente para autogobernarse. Dicha posición no sólo encontró apoyo en la rama ejecutiva y legislativa, sino que también por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que la legitimó constitucionalmente en los "casos insulares" (1901-1922). Justo al año de haberse aprobado la Ley Foraker, el Tribunal Supremo en el caso de Downes v. Bidwell enuncia el concepto de que Puerto Rico es "foreign in a domestic sense", expresando que por ello no ha sido incorporado a los Estados Unidos y explicando:

"The result of what has been said is that while in an international sense Porto Rico was not a foreign country, since it was subject to the sovereignty and was owned by the United States it was  foreign to the United States in a domestic sense, because the island had not been incorporated into the United States, but was merely appurtenant thereto as a possession"

En este caso se comenzó a elaborar el concepto de territorio no incorporado, teoría expuesta originalmente por el Profesor Abbot Lawrence Lowell de Harvard, y que ha prevalecido hasta nuestros días para justificar la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico e intentar legitimar constitucionalmente a la colonia.

De la prensa, vista a través de los periódicos La Democracia, diario del Partido Federal de Luis Muñoz Rivera y El País, diario del Partido Republicano de Barbosa, se desprende claramente que ambos se sintieron defraudados por la Ley Foraker. Un tercer líder puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, abandonó la isla sin ver cumplir su deseo de que se celebrara un plebiscito para que los puertorriqueños pudieran escoger libremente su futuro político. De hecho, ese plebiscito pedido por Hostos no se hizo realidad hasta 1967, cuando los Estados Unidos estaban convencidos de que la estadidad ni la independencia resultarían vencedores.

La legislación liberadora que tanto esperaban Barbosa y Muñoz Rivera terminó por quitarle a Puerto Rico el autogobierno que habían obtenido con la Carta Autonómica. Ambos diarios expresan su indignación en sus editoriales y condenan enérgicamente la legislación. A continuación veremos el relativo consenso que existía entre ambos periódicos, al repudiar el engaño del general Miles y su nación, que nunca cumplieron su promesa liberadora. Es curioso que ante tal consenso y repudio enérgico a lo que había hecho Estados Unidos con Puerto Rico, ambos líderes políticos nunca cerraron filas para denunciar en Washington el fraude cometido contra los puertorriqueños. A continuación revisamos cómo se protestaron estos acontecimientos en ambos periódicos. Justo antes de firmarse la Ley Foraker se publicó en El País:

"Aplaudimos al Congreso al leer la proclama del general Miles, y aplaudíamos al general Miles porque daba cumplimiento a los mandatos del Congreso: ¿Dónde está el Congreso que tales cosas ordenó? - ¿ Es por ventura el mismo cuya mayoría nos ultraja por labios de Grovesnor, el Congreso que dio órdenes a Miles - ¿es el mismo que ahora tiene en más valor los intereses de algunas empresas que pueden tener influencias en la próxima campaña presidencial? - y los que ahora alegan relativas y aparentes superioridades de raza para negarnos los fueros constitucionales - ¿nos conocían antes de venir a nuestra tierra a ofrecernos fraternidad y bienestar? Lo cierto es que precisamente eso fue lo que pasó: se le negó a Puerto Rico la incorporación a los Estados Unidos en igualdad de condiciones por razones de alegada superioridad racial.

Por esos mismos días el periódico La Democracia protestaba también la situación:

"Con el régimen civil hoy, como con el régimen militar ayer, el pueblo de Puerto Rico continúa sin voluntad, sin personalidad, sin derecho a intervenir en el gobierno del país. Desde este punto de vista no hemos ganado nada."

Para finales del mes de mayo, de la pluma de José de Guzmán Benitez, aparecía publicado en La Democracia:

"Combatimos la ley Foraker, como legislación centralista que tiende a desvirtuar la amplísima autonomía del régimen democrático de la Gran República, y porque nos opusimos al militarismo en su fórmula adiscrecional y absoluta".

Los dos principales líderes políticos de Puerto Rico claramente no estaban ni remotamente satisfechos con la Ley Foraker, y ambos periódicos la condenaron. ¿Siendo así, por qué entonces no se unieron para repudiar esta ley racista y antidemocrática? ¿Si había consenso entre ellos, por qué no unieron fuerzas? Ambos líderes habían pecado juntos de ingenuos al esperar que el Congreso actuara con justicia para Puerto Rico, ambos se dieron cuenta de lo antidemocrática que era la Ley Foraker, pero ninguno de los dos tuvo el sentido común ni la humildad para dejar sus rivalidades a un lado, para condenar al nuevo gobierno civil, y exigir el derecho a la autodeterminación. Eventualmente el Partido Unión, fundado en 1904, ganó las elecciones insulares bajo una plataforma que exigía este derecho.

A través de los años, se han ido derogando muchas de las disposiciones de la Ley Foraker y Puerto Rico ha logrado cierto grado de autogobierno local, pero todavía no contamos con todas las prerrogativas que gozabamos bajo la Carta Autonómica al momento de la invasión en 1898.

Noventa y ocho años después, el 13 de diciembre de 1998, todos vimos los resultados de un plebiscito donde todavía los líderes de la nación se mantienen intensamente divididos. Participan en una consulta para exigir los desagravios de cien años de coloniaje, pero no existe el consenso necesario para obligar al Congreso a que cumpla la centenaria promesa de Miles. Tampoco el Congreso se compromete a cumplir los deseos mayoritarios del pueblo en consultas de status. Hoy, en diciembre de 1998, como en mayo de 1900, los puertorriqueños todavía vivimos divididos sobre cómo resolver el problema de status de la isla. La negativa de Estados Unidos de ofrecerle a Puerto Rico los derechos plenos que gozan los ciudadanos estadounidenses provocó la decepción de muchos, mientras otros todavía confían en las bendiciones de la democracia estadounidense. A pesar de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, incluyendo los tres partidos principales, dicen desear mayores poderes políticos y libertades para los puertorriqueños, todavía no existe una fórmula de status que aglutine los deseos y los sueños de la mayoría de nosotros.

En conclusión, la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 provocó un debate paralelo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Los puertorriqueños debatían sobre cuándo y cómo se materializarían las promesas del general Miles. Los estadounidenses se cuestionaban cómo legitimar la adquisición de un territorio colonial sin tener que convertirlo en parte de la Unión, ni ofrecerle los derechos concedidos por la Constitución. Las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos lograron encontrar un consenso y legislaron para Puerto Rico una ley que no le brindó autogobierno, ni concedió la ciudadanía estadounidense. En fin, los estadounidenses resolvieron su problema pero los puertorriqueños seguimos debatiendo, con la misma energía de siempre, sobre cuál será el futuro destino político de la isla.

Los debates de la época reseñados demuestran cómo los Estados Unidos pudo resolver con relativa eficiencia su polémica interna sobre la constitucionalidad de su nuevo proceso expansionista, mientras que en Puerto Rico significó el comienzo de una centenaria división interna que al día de hoy no se ha podido resolver. Mientras aquí peleamos entre nosotros, el Congreso no se da por aludido y nos dice en repetidas ocasiones que cuando acudamos con un mandato electoral que favorezca contundentemente una opción, sólo entonces se pronunciará y le dirá al país lo que está dispuesto a conceder y lo que no es viable. Mientras tanto el Congreso se mantiene mudo, como Pilatos. Hasta que no exista ese mandato, el Congreso considerará que la colonia es un problema de nosotros. Entretanto, Estados Unidos se mantiene relativamente inmune de participar en la solución del problema que crearon al decidir declararle la guerra a España y ocupar a Puerto Rico con la entrada de tropas estadounidenses en 1898.

Mientras debatimos nuestro futuro, y peleamos entre nosotros, todavía compartimos nuestro territorio con miles de soldados del Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas estadounidenses, alojados en algunas de las bases militares más grandes e importantes del mundo y próximos a formar parte del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que se consideró instalar en la isla en 1999, sin el previo consentimiento de los puertorriqueños.

Los sueños militares de Alfred T. Mahan se han hecho realidad, mientras que nosotros los puertorriqueños, todavía sufrimos divisiones y pugnas, producto, en gran parte, de los mensajes ambiguos y contradictorios que hemos recibido del gobierno de los Estados Unidos desde su llegada en 1898

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